Por Martín de J. Takagui
México y sus instituciones corren el riesgo de que, a partir de la segunda mitad de este año, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los congresos, locales y federal, como las alcaldías y prácticamente todas sus instituciones sean infiltradas por los grupos criminales que se disputan el mercado del delito y las drogas en todo el territorio nacional.
De acuerdo con cifras oficiales, al iniciar las campañas en busca de la Presidencia de la República, el pasado viernes 1 de marzo, y desde el inicio del actual proceso electoral, en el mes de septiembre, han asesinado en el país al menos a una veintena de aspirantes a diversos puestos de elección popular.
Otros tantos se han retirado y decenas de los contendientes a puestos de elección popular han solicitado protección y elementos de seguridad para el desarrollo de sus campañas, situación que fue confirmada haces unos días por el presidente nacional del PAN Marko Cortés, quien dijo a los medios de comunicación que varios de sus correligionarios que estaban interesados en contender por el voto popular se retiraron de las contiendas, incluso antes de iniciar el período de ley para las campañas.
Y es que hoy más que nunca, con la ventaja que tienen los grupos criminales, a quien este gobierno los ha abrazado, en lugar de detenerlos, el botín de las posiciones legislativas y gubernamentales es uno de los más codiciados por el crimen organizado, pues saben que teniendo control sobre esos puestos, sus negros negocios podrán seguir floreciendo.
No puede haber mayor aspiración de un criminal que conocer, controlar y mandar por encima de una autoridad, ya sea policial o administrativa, ya que de esa manera cuenta con la seguridad impune de transitar, negociar, distribuir y cobrar por su mercancía, en el mejor de los casos, porque simplemente para extorsionar y cobrar el derecho de piso, no habrá quien los pare si controlan al presidente municipal o al jefe de la policía.
Ahí esta el ejemplo de los aspirantes a presidentes municipales de Maravatío Michoacán, de Morena y del PAN, Miguel Zavala Reyes y Armando Pérez Luna, respectivamente, quienes fueron asesinados en sus propias comunidades, solamente con 12 horas de diferencia entre uno y otro atentado.
Lo que sucede es que al crimen organizado no le convenía ninguno de los dos aspirantes y como ya estaban plenamente enfilados para la contienda, antes de que otra cosa pase y se les complique, lo que decidieron fue asesinarlos arteramente, con la seguridad de que ni el gobierno estatal ni el federal, los perseguirá.
Pero el problema no es que haya criminales, sino que el gobierno no hace nada para evitar que éstos cumplan con sus objetivos de descartar, incluso mediante el asesinato, a todo candidato que no le garantice la seguridad de que va a poder seguir delinquiendo, incluso de acrecentar sus acciones ilegales.
Ahí está el candidato de Chiapas, Wily Ochoa, quien sufrió en una de sus personas más allegadas un atentado, resultando muerto, mientras que en esas mismas acciones quemaron dos vehículos, en los que se movían personas de su equipo.
El abanderado del PRD pidió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal que se le brinde protección, pero hasta que había pasado un mes de su solicitud, fue que le dieron respuesta y le iban a hacer un diagnóstico de la gravedad de sus riesgos, pero antes debía cumplir con una serie de requisitos que le solicitaron.
En esas condiciones, eso de hablar de que el 2 de junio habrá elecciones libres es una falacia, eso de que todo va a ir muy bien en las campañas, está por verse, los candidatos tendrán que ser sobrevivientes de la violencia política o bien tendrán que ser personeros de los señores del crimen y, para seguir vivos, deberán responder a los intereses de los criminales y no a los de los ciudadanos que los elijan.
Seguiré investigando y aquí te LoCo-mento.
