Ante una creciente ola de violencia que, en octubre pasado, sumó 2,481 homicidios dolosos en el país, integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) llamaron a que se otorguen medidas de seguridad a los impartidores de justicia para garantizar imparcialidad en el debido proceso y que se les resguarde, así como a sus familiares.

Esto, tras el asesinato del juez federal Uriel Villegas y su esposa ocurridos en 2020 en Colima; así como el ataque que vivió el también juez federal Gabriel Domínguez y su hijo en Jiutepec, a inicios de este año, recordaron fuentes del órgano bajo condición de anonimato.

Señalaron que diputados como el morenista, Hamlet García Almaguer se han manifestado a favor de considerar los riesgos a los que se enfrentan jueces de distrito y magistrados del Poder Judicial de la Federación.

“Debemos resguardarlos, ya que con cada resolución ponen en riesgo su vida, su integridad y la de su familia”, aseguró en julio pasado.

En ese sentido, insistieron en que no es la primera ocasión en que la protección de jueces y magistrados se ve quebrantada durante el sexenio, pues precisamente la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó dos años atrás el homicidio de Villegas Ortíz y su cónyuge, Verónica Barajas, quienes murieron a manos de sicarios.

“A quienes integramos el poder Legislativo federal preocupa que los jueces no estén seguros en  el desempeño de sus funciones (…) La existencia de falta de garantías no permitirá la aplicación de una justicia imparcial, ni posibilitará el acceso a la justicia”, aseveró en 2020 la entonces presidenta de la Comisión Permanente, la senadora Mónica Fernández Balboa.

En menos de tres años, la administración actual superó los 100 mil homicidios, cifra con la que rebasó los indicadores de sus predecesores, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, correspondientes en el mismo periodo.

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