Miembros de las gerencias de Recursos Materiales, Adquisiciones y Servicios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) denunciaron que han recibido amenazas de parte de Jordi Messenguer, director de Administración del recinto, con el fin de beneficiar con un nuevo contrato a Aseo Privado Institucional, Servicios Inmobiliarios Iroa y Joad Limpieza y Servicios.
Cabe destacar que a estas empresas el Órgano Interno de Control ordenó removerles el contrato asignado de 2021 a 2023.
En las últimas semanas, el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Guillermo Solís Cruz, decidió que quedara sin efectos la presentación de propuestas y el fallo de la compra LA-009KDN001-E37-2021, que en marzo del año pasado benefició a Joad Limpieza y Servicios, Aseo Privado Institucional, Tecnolimpieza Delta y Servicios Inmobiliarios Iroa, con un contrato por 520 millones de pesos para asear las terminales 1 y 2.
Tras un aplazamiento, la fecha programada para dar a conocer a las nuevas proveedoras se fijó este jueves 7 de julio, no obstante, en esta ocasión Aseo Privado Institucional y Servicios Inmobiliarios Iroa presentaron participación conjunta con montos por 97 millones de pesos para la terminal 1 y de 83.3 millones de pesos para la terminal 2; mientras que Joad Limpieza y Servicios compite en solitario únicamente por la terminal 2, con una oferta que asciende a 83.7 millones de pesos.
Las cotizaciones tanto del primer consorcio como de la segunda compañía son las más altas entre las 5 propuestas presentadas este 1 julio, situación que revive las acusaciones por sobrecosto que se presentaron desde mediados de 2021 al presidente Andrés Manuel López Obrador y que mandó investigar.
En ese sentido, los quejosos aseguraron que hubo precios por encima de los del mercado desde el proceso previo y que se replican en el nuevo concurso; aunado a que Messenguer Gally tiene “intereses personales y económicos con las empresas”, supuestamente demostrados debido a su permanencia como contratistas a pesar de diversos incumplimientos que ameritaban rescisión, pero que según el relato, se dejaron de observar y se corrigieron “por instrucciones expresas y precisas del director de administración”.
Uno de los ejemplos es Servicios Inmobiliarios Iroa, puesta bajo observación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (Unityel) por la presunta evasión de obligaciones obrero patronales con el 65% de los trabajadores a los que debería tener afiliados, y de los que debería realizar aportaciones al Infonavit y al Fondo de Pensiones (Afore).
Tal como afirmaron, el directivo les comentó de manera textual que “si las fallas de API (aseo privado institucional) no son salvables, entonces hagan lo necesario para descalificar a todos y se declara desierta la licitación”.
Al desmenuzar los hechos, el personal del AICM describió que la proposición de Aseo Privado Institucional y Servicios Inmobiliarios Iroa no cumple con los requisitos debido a que ésta compañía es representada en el proceso por José Roberto Ortíz Álvarez, pero quien firma los manifiestos de no conflicto de intereses, solicitados en el numeral L11 de las bases, es Montserrat Sánchez Flores. Ante ello, los pormenores del asunto ya fueron entregados a la Gerencia de Recursos Materiales.
“Le ofrecemos una disculpa por realizar esta denuncia de manera anónima, pero tenemos razones suficientes y fundadas para temer por nuestra situación laboral, nuestra integridad física y la de nuestros familiares”, concluye el escrito dirigido a Solís Cruz.
