Tras dos años de lucha por defender a sus bebés luego de ser fotografiados semidesnudos con partes íntimas expuestas y con la amenaza reiterada de publicar sus fotos en sitios pornográficos, Vanessa y su familia han vivido un suplicio por la falta de respuesta de las autoridades de Morelos tras sufrir las constantes agresiones de sus vecinas, quienes tomaron dichas fotografías sin su consentimiento mientras la joven madre alimentaba a su bebé en la alberca de su casa ubicada en Lomas de Cocoyoc, Morelos.

En septiembre de 2021, Vanessa le reclamó a sus vecinas tras darse cuenta de que se encontraban espiándolos desde la ventana del domicilio contiguo y en respuesta las agresoras la agredieron verbalmente, amenazaron con subir las fotografías de ella y sus bebés a páginas pornográficas y le aventaron un objeto que alcanzó a lastimar a uno de los hijos de Vanessa, por lo que tuvo que llamar inclusive a paramédicos.

Las mujeres para eludir su responsabilidad, llamaron a la policía para acusar a Vanessa de agresión y daños, y la madre fue trasladada al Ministerio Público y retenida negándole el derecho de llevar a su bebé a recibir atención médica a pesar de haber sido agredido por una de sus vecinas. Cabe mencionar que no es la primera vez que la madre y su familia habían sido acosados, violentados ni amedrentados por las vecinas identificadas como Deborah “N” y Gina “N”.

Las agresoras levantaron una denuncia contra Vanessa, mientras ella decidió proceder ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos a levantar la denuncia correspondiente por: violación a la intimidad, agresión, amenazas y lo que resulte.

Vanessa ha padecido el viacrucis de sustracción de documentación y evidencias entregadas como elemento de prueba, la han humillado y discriminado.

Sumado a esto, el abogado de las agresoras, Carlos Gibran Haro Álvarez, constantemente publica en sus redes sociales fotografías con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea, por lo que se podría presumir un probable tráfico de influencias en el caso, influyentismo, compadrazgo y machismo para perjudicar a la madre y a sus bebés.

A dos meses de que Vanessa solicitó la reapertura de la carpeta por agresión a su hijo se les ha negado el derecho a audiencia por orden de Gamboa Olea, así como el Juez se extralimitó “solicitando” a la víctima “evidencias” , por lo que la familia asegura que “existe un claro compadrazgo (entre el titular del TSJEM y Haro Álvarez) y abuso de poder para parar el caso por amiguismos entre los el abogado Haro y el servidor público Gamboa Olea”.

Cabe mencionar que medios de comunicación han publicado que Haro Álvarez es conocido por trabajar de este modo junto con varios agentes del Ministerio Público así como en este caso de las identificadas como Citlalli Salgado Arroyo y su titular María Verónica Hernández Mendieta, para crear carpetas de investigación con graves inconsistencias.

Morelos ocupa el octavo lugar con mayor número de denuncias de extorsión y durante los primeros cinco meses de 2023 han aumentado más del 60 por ciento en comparación con el año pasado según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

A pesar de que la familia contaba con pruebas presentadas ante la Fiscalía estatal, éstas no fueron valoradas conforme a derecho por lo que la familia tuvo que solicitar el apoyo de la reconocida penalista, la abogada Diana Cristal González Obregón, quien es autora principal en el diseño del Procedimiento Penal Mexicano y ha apoyado a víctimas en casos, tanto en Morelos como en la Ciudad de México.

“Es urgente que el Fiscal General de Justicia de Morelos intervenga para evitar esta grave situación. La madre arropada por su familia y su abogada confían en la urgente intervención del Fiscal General para poner fin a la tortura y violencia que no termina de padecer la familia”, asegura González Obregón.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el bien superior de la niñez busca garantizar el respeto y la protección a su dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual.

Por esta razón, al no ser atendido este caso se violenta dicho principio y se violenta la intimidad sexual de las víctimas, incluidas en las reformas al Código Penal Federal aprobadas en 2021, conocidas como Ley Olimpia.

Imágenes donde se observa a Vanessa y a su bebé desnudas fueron enviadas a su centro de trabajo el pasado 9 de mayo de 2023 “además de amenazarnos de mandar nuestras fotos a pederastas, me las hicieron llegar a mi trabajo con expresiones despectivas por estar amamantando a mi bebé”, comenta Vanessa.

En México, el 90 por ciento de las víctimas de distribución no consensuada de imágenes íntimas son mujeres, según un estudio publicado en 2020 por ONU Mujeres.

Tras las agresiones de 2021, Vanessa y su esposo decidieron subir la malla ciclónica de su casa de fin de semana a la máxima altura permitida por el reglamento interno del fraccionamiento con el fin de impedir que la cámara de la casa de los vecinos siguiera enfocando su hogar.

Sin embargo, los vecinos modificaron la instalación de la cámara de seguridad instalando un poste a mayor altura con dirección a su casa, por lo que los agresores continúan violando la privacidad de Vanessa y su familia; atentando contra su privacidad, el Bien Superior de la Niñez y Derechos Humanos, mientras las autoridades estatales intentan disolver el caso.

Mientras tanto, los agresores siguen amedrentando la familia y jactándose -uno de ellos, quien presume ser abogado egresado de la Normal de Maestros- de tener “compadrazgo e influyentismo en con autoridades morelenses”.

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