*Violan sus derechos laborales, exigen diálogo y toman la calle para hacerse escuchar.
Por Martín de J. Takagui
Trabajadores de base y de confianza de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México (Cejur), reiteraron su molestia, inconformidad y repudio a la manera en que la nueva titular de ese organismo del Gobierno de la Ciudad de México ha realizado su gestión, a partir del mes de marzo pasado, cuando asumió la titularidad Eréndira Cruzvillegas Fuentes.
Un grupo de trabajadores se acercaron a Diario LoComento para denunciar las irregularidades y el puntual acoso laboral que se ha ejercido en contra de quienes laboran en ese organismo público, aunque pidieron el anonimato, debido a que temen represalias y temen ser despedidos.
A través de acciones, como la instalación de cámaras de vigilancia al interior de las oficinas, así como en los pasillos, con indicaciones que van más allá de sus obligaciones, extensión de horarios laborales y una serie de pláticas amenazantes y sugerencias que parecen amenazas, los trabajadores de esta Consejería describieron las características de la naciente administración de Cruzvillegas Fuentes.
Desde el mes de marzo, dijeron, que todas formas de comunicación con mandos medios y altos mandos se canceló, “cerrado, sin diálogo y con medidas de control cada vez más rígidas”, que se traducen en un ambiente hostil.
“A ello se suma la falta de respuesta por parte de la Dirección General de Asuntos Laborales y de la Subdirección de Recursos Humanos, que han evitado atender las peticiones de reunión presentadas por personal de base y confianza” señalaron.
Los trabajadores señalaron que se han cansado de pedir diálogo, pero cada vez que se insiste en ello, lejos de encontrar una puerta para expresar sus inquietudes, se radicalizan las amenazas y por ello temen ser despedidos, hasta el punto en que el malestar laboral dejó de ser un rumor interno para convertirse en protesta visible.
A mediados de octubre, un grupo de trabajadores realizó una primera marcha para denunciar sobrecarga de trabajo, rotación constante de turnos y un ambiente de vigilancia excesiva dentro de las instalaciones.
Aquella “fue la primera marcha, pero no será la última”, advirtieron los participantes, quienes señalan que la tensión laboral se ha intensificado durante la actual gestión de la consejera Eréndira Cruzvillegas Fuentes.
Desde las áreas de Defensoría Pública, Notarías y Registro Civil, empleados aseguran que los problemas se acumulan sin respuesta. “Estamos bajo cámaras todo el tiempo, no solo por seguridad, sino para vigilar quién se mueve, quién habla o quién protesta”, afirma uno de los trabajadores inconformes.
“Revisan listas, cruzan horarios y todo el ambiente se siente como si trabajáramos bajo sospecha”. Algunos señalan que las grabaciones han sido utilizadas para intimidar a personal que participa en conversaciones críticas hacia la administración.
La Dirección General de Administración Financiera emitió recientemente un comunicando interno en el que da una primera “respuesta” sobre su supuesta intención acerca de posibles incrementos salariales y mejoras administrativas, pero para los afectados esto no es más que una maniobra para disfrazar la falta de soluciones reales.
El descontento, que derivó en la primera marcha interna del organismo, se ha extendido a las áreas de Defensoría Pública, Notarías, Registro Civil y Justicia Cívica. “Nos dicen que habrá aumentos en 2026, pero eso no existe, no hay documento firmado ni presupuesto autorizado”, explica una trabajadora de base. “Mientras tanto, seguimos cobrando sueldos miserables, algunos de apenas ocho mil pesos al mes, sin compensaciones ni respeto a los horarios legales”.
Las y los trabajadores señalan directamente a la actual titular de la CJSL, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, por cierto, una funcionaria improvisada que mantiene un modelo de administración cerrado, sin interlocución con las bases, y responsabilizan también al secretario de Gobierno, César Cravioto por ignorar los llamados a establecer una mesa de trabajo que atienda la crisis laboral.
“Hemos enviado oficios, correos y peticiones desde hace meses. Ni la Consejería ni la Secretaría de Gobierno nos reciben. Parece que lo único que esperan es que nos cansemos”, denuncian. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, tampoco ha respondido a las solicitudes presentadas desde agosto. Desde la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo, las promesas de regularización salarial y renovación de equipos quedaron archivadas. “Nada ha cambiado.
