El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante la asamblea de la Cámara de Diputados, una iniciativa para facultar a los jueces a intervenir el dinero de deudores alimentarios.

Se trata de una propuesta de modificar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la Ley de Uniones de Crédito, entre otros ordenamientos legales, a fin de lograr el pago efectivo de pensiones alimenticias, en materia de responsabilidad parental.

“Estoy proponiendo una serie de reformas para que la autoridad jurisdiccional pueda ordenar la retención de fondos de estos deudores, ya sean dineros depositados en cuentas bancarias, cuentas de ahorro o fondos de inversión; en general, todos los instrumentos financieros o de inversión”, declaró.

Expresó que, desde algunas perspectivas, estas medidas podrán contrariarse con el principio de privacidad y secreto bancario, resguardado por la Constitución, “sin embargo, estoy valorando de mayor jerarquía la defensa y protección del interés superior de los menores, en comparación a los derechos que se pudieran afectar”.

“Simplemente, los alimentos implican la sobrevivencia de un ser humano y de ahí se deriva el incumplimiento de muchos derechos, en este caso de los menores, como el derecho a la identidad, a no ser discriminado, a la igualdad sustantiva, a una vida libre de violencia, a la salud y, principalmente, derecho al libre desarrollo de la personalidad”, comentó.

Señaló que en el país muchos niños y niñas y jóvenes frustran sus estudios simplemente porque tienen padres irresponsables que no pagan su pensión alimenticia.

Comentó que aun cuando la autoridad jurisdiccional ordena pagar la pensión de alimentos, son muchas las ocasiones en que eso no sucede, dejando en estado de indefensión a millones de menores.

Medina Filigrana expresó que esto ocurre porque los deudores buscan las argucias legales que les permitan incumplir con su obligación no solo legal, sino moral y ética.

“Nunca más niñas ni niños ni jóvenes que frustren sus estudios y su futuro por la irresponsabilidad de sus padres”, declaró.

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